El quinto jinete

Para esta columna tomo prestado el título homónimo de la novela de suspenso escrita hace varias décadas por Larry Collins y Dominique Lapierre, en la que los autores imaginan el primer chantaje nuclear de la historia.


Sin embargo a 40 años de su publicación acecha un peligro más silencioso y menos cataclísmico que un explosión atómica, pero de consecuencias catastróficas que se han ido acumulando sin cesar para los millones que padecen sus consecuencias.


El matrimonio indisoluble entre corrupción y desigualdad social sume a millones de ciudadanos en la desesperanza y la inequidad. Cortesía Pixabay


Me refiero a la corrupción, para mí sin duda el verdadero quinto jinete del apocalípsis. Aparte de causar hambre, muerte e inequidad, encarna lo peor del ser humano, que para ventaja propia le arranca de la boca el agua y la sal a los que menos tienen, apropiándose de recursos vitales para el progreso de la sociedad.

El mal es endémico y está presente a todo nivel, en todo el mundo, con diversas intensidades y manifestaciones por supuesto. En la región Latinoamericana/Caribe es omnipresente y va ganando por varias leguas esa infame cabalgata al precipicio.

Sin embargo nadie se salva, ni siquiera los países desarrollados, o acaso muy pocos. Ahí están frescos los escándalos en Australia del Robodebt, el Sports Rort o el Allowance Scandal, que forzó a renunciar a tres ministros de Australia del Sur. Ni hablar de la evasión tributaria de Mr. Trump, denunciada con pelos y señales en reciente investigación publicada por el New York Times.

Hasta Dinamarca, Suecia y Alemania, de ordinario considerados entre los países menos corruptos del mundo, han sufrido el flagelo con los escándalos de lavado de dinero (entre otras linduras) del Danés Danske Bank, el Nordea Bank de Suecia y el Deutsche Bank Alemán.

Del fútbol ni hablar, con media plana mayor de la FIFA en la cárcel y episodios criminales que se repiten en casi todas las federaciones de éste deporte alrededor del mundo.

Y así podríamos continuar ad infinitum reseñando casos en los cuatro puntos cardinales, con mayores o menores consecuencias.


No tengo prácticamente ninguna coincidencia con el régimen Chino, soy alérgico a los autoritarismos de toda especie y al control estilo Gran Hermano de los ciudadanos, sin embargo en una cosa concuerdo con el gobierno de los hijos de Confucio, la muerte política fulminante (y en algunos casos no sólo política…) para quien abusa del poder en beneficio propio, con penas implacables. No apoyo la pena capital porque creo que la vida es sagrada, pero un encierro de digamos 50 años, para empezar, es un castigo apropiado y ejemplar para estos criminales descarados que abundan también por nuestras tierras.

Para poner el nefasto fenómeno en un contexto global y luego enfocarnos en nuestra región, baste recordar las cifras de terror de finales de 2018 (que sin duda alguna ya habrán aumentado) anunciadas por el Secretario General de Naciones Unidas: ¡2.6 billones de dólares anuales perdidos en corrupción alrededor del planeta!

Sí, no es un error tipográfico estimado lector, 2,6 billones de dólares que se esfuman para terminar en manos de funcionarios oficiales, empresarios y personas sin escrúpulos, criminales de cuello blanco, muchos de ellos elegidos con nuestro voto democrático.

El estudio, realizado por el Foro Económico Mundial, indicaba hace dos años que casi un billón de dólares de esa suma monstruosa se evapora sólo en sobornos, en el eterno contubernio maquiavélico Estado-Empresarios y la famosa “mordida”, extendida como un cáncer que ha hecho mega metástasis.

Valga la pena aquí hacer un pequeño paréntesis aclaratorio: me parece de un extremo maniqueísmo meter a todos los empresarios en la misma bolsa, los hay y muchos, que innovan, son honestos, pagan los impuestos que corresponden, ofrecen salarios justos y contribuyen de manera exponencial al desarrollo de la sociedad y a su crecimiento económico, pensando en el medio ambiente, en el planeta, en su gente y en el desarrollo sustentable, en oposición a un crecimiento infinito a costa de acabar con nuestra casa planetaria. Los hay y afortunadamente son cada día más, aunque falte aún un larguísimo trecho para meterlos a todos en vereda.


La agobiante cifra de 2.6 billones de dólares que nos esquilma la corrupción equivale al 5% del PIB Mundial, y cuando Naciones Unidas habla de billones, no se refiere a los mil millones equivalentes del idioma Inglés, si no a 2.6 millones de millones de dólares, es decir una cifra de DOCE CEROS, semejante por ejemplo a todo el PIB del Reino Unido o mayor que el PIB de Francia o el doble que el de España.


Y aquí en casa la cosa no pinta nada bien, por el contrario. Según un informe de marzo de 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre corrupción en América Latina, el costo para la región bordea los 220 mil millones de dólares anuales, una cifra que según expertos en el tema, podría eliminar la pobreza extrema de Latinoamérica en cuestión de pocos años (¡!).


Y lo peor es que muchos lo saben y siguen votando a los mismos sinvergüenzas y apoyando a corruptos del sector privado, no hay sanción social ni moral, muy pocas condenas efectivas y algunos casos francamente patéticos, como asistencia a clases de ética una vez comprobado el ilícito, como fue el caso icónico de un par de empresarios chilenos descubiertos con las manos en la masa haciendo fraude tributario y proveyendo financiación política irregular en el escandaloso caso Penta. Los implicados finalizaron exitosamente sus 100 horas de clases en la Universidad Adolfo Ibañez en diciembre del año pasado. ¿Les habrán dado un diploma?


¿Clases de ética?¡Por favor! Cárcel es lo que merecen, pero la justicia no sólo cojea en éstos casos, se paraliza en la maraña criminal de la corrupción, el tráfico de influencias, las puertas giratorias entre el estado y el sector privado y un sinfín de otras prácticas similares que no son patrimonio de uno u otro partido político. Así como el caso Penta, en el que se vieron involucrados simpatizantes de la derecha, por la misma época reventó el caso Caval, que involucró al hijo de la ex presidenta socialista Michelle Bachelet. Y como estos casos puntuales en Chile, los hay en cada país de la región, sin excepciones.


Esta verdadera pandemia no es tampoco propiedad intelectual de los funcionarios estatales, está extendida y ramificada, permeando a toda la sociedad y a diversas instituciones otrora respetadas, como la policía o las fuerzas armadas. Y a nivel individual también, porque es igualmente corrupto quien hace trampas para evadir impuestos, o tiene sus dineros en paraísos fiscales, o soborna para obtener un beneficio. Y hablando de pandemia, también en la crisis sanitaria que padecemos aparece el maloliente olor de la corrupción, sobornos para ganar contratos de distribución de alimentos y bienes básicos, sobrecostos en elementos sanitarios y ni pensar en el negociado que se vendrá con las potenciales vacunas…


La Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. Fundada por Marta Lagos, la organización realiza un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes. En un informe reciente estableció que el 53% de la población latinoamericana cree que sus gobiernos tienen un desempeño insuficiente en la lucha contra la corrupción.


El pequeño soborno también se encuentra generalizado. En 2016, uno de cada tres usuarios de servicios públicos, encuestados en 20 países de la región, afirmó haber pagado sobornos al menos una vez en el año anterior a la encuesta para acceder a servicios públicos esenciales, como justicia, educación o salud, y a 2020 nada ha cambiado.


Según datos de Transparencia Internacional Latinoamérica tiene el vergonzoso honor de aportar 10 países a la lista de los top 15 más corruptos del mundo. En orden de gravedad son Venezuela, Nicaragua, Paraguay, México, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Argentina.


Por otra parte, en la clasificación de los 10 más desiguales, Latinoamérica aporta 8 según el Banco Mundial: Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica y México. La coincidencia entre los países de las dos listas confirma la relación directa que existe entre corrupción y desigualdad, en la que funcionarios criminales se quedan con una gran tajada de los recursos del Estado en detrimento de los más desfavorecidos.


Aunque existen numerosos estudios de agencias multilaterales, privadas y estatales, que entregan diagnósticos severos y concienzudos sobre sus manifestaciones, alcances y consecuencias, la corrupción sigue rampante, con escándalos como los de Lava Jato y Odebretch aún humeando sobre el continente.


El fenómeno no es nuevo por supuesto, lleva décadas -si no siglos- enquistándose como un tumor maligno en todos los estratos de la sociedad, sin embargo los esfuerzos para combatirlo en nuestra región han ido decreciendo, como lo indican numerosos reportes, entre ellos el Informe del BID del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe.


En contravía con el resto del mundo América Latina y el Caribe están bajando la guardia en el control de la corrupción. Comparativo entre 1996 y 2017.


Vale la pena leer dicho informe, si usted mi querido lector tiene el estómago, el tiempo y las ganas de hacerlo. En el mismo, aparte de hacer el debido diagnóstico del flagelo en nuestra región, se sugieren caminos de acción, algunos de los cuales me permito citar textualmente:


“Combatir la corrupción requiere un enfoque más audaz que involucre a servidores públicos, empresas, sociedad civil e individuos para generar el necesario shock sistémico que supere la crisis de confianza … y fortalezca la cultura democrática”.


“Los gobiernos necesitan responder al descontento ciudadano mediante reformas estructurales en la contratación pública y en la financiación de las campañas. Una mayor transparencia en los contratos gubernamentales, en los presupuestos públicos y en los conflictos de intereses”.


“Además de un enfoque proactivo para la divulgación de información, el sistema de justicia penal necesita una reforma que aborde y evite la captura del Estado por las élites de políticos y tomadores de decisiones de alto nivel, así como las conductas ilegales del sector empresario en general”.


Más claro que el agua.


Con las cacerolas abolladas, la protesta social por mejores condiciones de vida se viene tomando a varios países de Latinoamérica desde el segundo semestre de 2019, con un saldo terrible en vidas y heridos, y un panorama nada auspicioso para cuando acabe la pandemia. Y si a eso le sumamos la corrupción rampante y penas de “Clases de Ética”, el resultado será un coctel explosivo.


Independientemente de las teorías conspirativas continentales y de intereses oportunistas que sin duda permean el descontento social y usufructúan del mismo para imponer sus particulares visiones políticas o sembrar el caos, lo cierto es que la realidad es tozuda, las cifras de pobreza, endeudamiento, falta de oportunidades e inequidad en nuestros países no mienten, están ahí para quien quiera verlas, el combate sin tregua a la corrupción es imperativo para desactivar la bomba social y comenzar a mirar al futuro con esperanza.

Es hora de exigir resultados a nuestros gobiernos, penas ejemplares, incautación de lo apropiado indebidamente, creación de organismos de control independientes, con financiación amplia y suficiente para fiscalizar a todo nivel, además de amplia cooperación regional y repudio colectivo transversal para estas prácticas criminales.

Algunos argumentarán que no hay recursos para ello, yo les contesto: con lo que nos ahorraríamos en desfalcos al Estado les aseguro que sobrará para diez agencias más, y de paso para mejorar la calidad de vida de tantos millones que sufren la pobreza y el abandono de gobiernos indolentes.


Hay que parar en seco a este quinto jinete desbocado, condenando sin atenuantes a estos criminales que se roban el futuro de nuestros ciudadanos más necesitados. Se acercan elecciones importantes en Chile y en la región, usemos nuestro voto para que, consideraciones ideológicas de lado, elijamos funcionarios probos, de comprobada trayectoria, comprometidos con la transparencia, la justicia y el combate frontal contra la corrupción, venga de donde venga.

ADENDA

Dejo este enlace para quienes quieran leer el Informe del BID del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe. Tengan algo a mano para las náuseas:

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-del-Grupo-Asesor-de-Expertos-en-anticorrupcion-transparencia-e-integridad-para-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

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